Las organizaciones de conservación marina Oceana Perú y ProDelphinus publicaron un nuevo informe que revela un amplio margen de fraude y sustitución en la venta de pescados en el Perú y propusieron medidas para implementar un sistema de trazabilidad que permita hacer seguimiento a los recursos marinos del mar a la mesa.
La investigación es la más completa sobre el tema hecha hasta el momento en el Perú, ya que se realizó en 39 puntos de venta en Lima, Chiclayo y Piura. El equipo científico extrajo muestras de pescados de filetes frescos y platos como el cebiche y tiradito en restaurantes, supermercados y mercados distritales.
La investigación detectó que el 72% de las 225 muestras analizadas en laboratorio no correspondía con el nombre de venta. Especies de gran demanda y valor como el mero, han sido reemplazadas por otras más baratas como la basa, proveniente de la acuicultura.
En medio de la temporada de magrú, los saladeros de anchoíta con disposición de materia prima y la reanudación inminente de la actividad en La Campagnola, la industria conservera cerró la paritaria 2019 con el SOIP para su personal efectivo y temporario.
La Cámara de Industriales del Pescado, que agrupa a las pocas empresas que todavía se mantienen funcionando y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado acordaron un 17% como cláusula de reajuste por inflación. La suma se abonará en tres cuotas como suma no remunerativa y absorberá el bono dispuesto por el gobierno.
El esquema del reajuste implica una actualización salarial del 7% en octubre, un 5% en noviembre y un 5% en diciembre. El acta se firmaría el viernes en la delegación de la Secretaría de Trabajo. Las partes ya habían cerrado a mitad de año una actualización del 34% en dos tramos: 20% en abril no remunerativo y 14% en julio, remunerativo.
El Congreso de Costa Rica aprobó este miércoles en el primero de dos debates requeridos, un proyecto de ley que busca reactivar la pesca de arrastre, una práctica prohibida por la Sala Constitucional desde el 2013 por sus graves impactos ambientales.
En una votación de 26 a favor y 18 en contra, con 44 legisladores presentes de los 57 que integran el Legislativo, el proyecto de ley fue aprobado, pero antes de su segunda votación deberá ser revisado por la Sala Constitucional.
Así lo han expuesto este miércoles en Bilbao el viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco, Bittor Oroz, y el investigador Raúl Prellezo, autor de un informe que analiza el impacto económico del sector atunero congelador español.
España tiene 70 barcos atuneros, 31 barcos de apoyo y 8 mercantes. La mayoría de los barcos (54) son vascos, concentrados (45) en Bermeo (Bizkaia); en cambio, las empresas de transformación en conserva del atún están en su mayoría en Galicia.
Según el informe, la pesca y la transformación de la flota generan un volumen de negocio de EUR 3.532 millones al año, de los que 2.718 millones repercuten en España (485 millones originados en actividades pesqueras y 2.233 millones en transformación).
Astilleros Murueta ha celebrado la botadura de un buque carguero de pescado vivo, denominado “Kristoffer Tronds”, que está construyendo para el armador noruego Alsaker Fjordbruk. Se trata de un buque especializado en transporte de peces vivos (Live Fish Carrier) que será entregado en el 2020.
El acto contó con la presencia de la Consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementería, el CEO de Astilleros Murueta, Juan Arana, y el Capitán Marítimo de Bilbao, Carlos García Buendía, entre otros, actuando como madrina del buque Malene Kristine Meidel Alsaker, hija del fundador de la empresa armadora Gerhard Meidel Alsaker.
La secretaría General de Pesca y la dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea (DG Mare) se reunieron ayer en Bruselas para "llegar a un punto de encuentro" durante la negociación del reglamento de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para 2020. La delegación española destacó la importancia de la actual propuesta ya que sostuvo que con ella se debe alcanzar "definitivamente" el objetivo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) con el que España está "firmemente comprometida".
Otro aspecto que se trató en el encuentro fue la necesidad de tener en cuenta aspectos socioeconómicos, otro de los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) de forma que se proporcione al sector una "mínima estabilidad" en su actividad", por lo que la delegación española subrayó la importancia de evitar variaciones bruscas de las cuotas de un año a otro.
Las últimas posibilidades de pesca del cerco gallego se cierran al agotarse la cuota disponible de jurel en el Cantábrico Noroeste. Ayer fue el último día en que gran parte de la flota cerquera de la comunidad pudo capturar esta especie, ya que la Secretaría General de Pesca decretó un cierre parcial de la pesquería a partir de las 00.00 horas de hoy. El mes pasado Pesca redistribuyó cuotas sobrantes de diferentes especies, entre ellas el jurel. El cerco del Cantábrico Noroeste recibió 3.119 toneladas, cantidad que ya se agotó. Por este motivo la Administración decidió prohibir la captura de la especie en la zona VIIIc „del golfo de Vizcaya a Fisterra„, aunque los barcos que todavía tengan cuota propia podrán seguir capturando jurel. Este no es el caso de los 107 pesqueros que forman parte de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), por lo que el amarre es la única alternativa que les queda.
El final del 2019 se prevé complicado para este segmento de la flota, ya que esta era la única especie de la que tenían cantidad disponible. "No podemos pescar jurel en la VIIIc, ni sardina. Tenemos algo de cuota de caballa, pero ya no hay en el mar. La opción que nos queda es amarrar. No tenemos más", lamenta el representante de Acerga, Andrés García. El portavoz del cerco gallego señala que la pesquería de este recurso todavía sigue abierta en la zona IXa „de Fisterra al golfo de Cádiz„, pero es complicado que la flota pueda desplazarse hasta ahí. "Con el mal tiempo que hay es inviable que un barco vaya a faenar a la IXa porque tendría que estar amarrado a puerto cuatro días a la semana para poder pescar uno", concreta García.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha puesto a disposición de armadores y tripulantes afectados por las paradas temporales de las flotas andaluzas de arrastre de fondo y de cerco que faenan en el Golfo de Cádiz EUR 2 millones en ayudas.
Éstas, de la que podrán beneficiarse hasta 1.400 marineros de las 207 embarcaciones que actualmente faenan en dicha zona costera en estas modalidades, quiere garantizar la viabilidad del sector cuando las empresas pesqueras deben acometer la paralización temporal y también la rentabilidad de la flota que apuesta por el respeto al medio ambiente.
El Gobierno de Andalucía activa estas ayudas dada la importancia del sector pesquero desde el punto de vista económico y social para garantizar el mantenimiento de las empresas y del empleo en el sector.
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