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Ciudadanos somalíes detenidos. (Foto: Fernando Villar/EFE)

Confirma la pena de 16 años y medio a los seis somalíes que atacaron el Izurdia

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Wednesday, March 02, 2016, 22:20 (GMT + 9)

«No tiene razón el recurrente». Así de rotundo se mostró Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo y ponente de la sentencia que ha confirmado la condena a 16 años y medio de cárcel de seis ciudadanos somalíes que en octubre del 2012 hostigaron y dispararon al atunero vizcaíno Izurdia frente a las costas de Somalia.

Ese recurrente era la representación legal de Adawe Yusuf Ali, Abdi ali Salad, Abdilahi Ise Jame, Yahye Omar Ali Hasan, Ali Mahamed Ali y Ali Mahamed Hirse. Los seis, junto a un menor de edad no afectado por el proceso, integraban «una cédula de asalto o grupo de acción pirata organizado con material y elementos destinados al abordaje y secuestro de barcos comerciales que navegaban por el océano Índico, formando parte de una organización.

Esta estaba asentada en Harardhere, «dedicada a la obtención de beneficios económicos ilícitos consecuencia del asalto, abordaje, y secuestro de embarcaciones en el cuerno de África», según consideró probado la Audiencia Nacional que condenó a los seis somalíes por delitos de piratería, resistencia a la detención y pertenencia a grupo criminal.

Según la defensa de los somalíes, los magistrados aplicaron erróneamente el artículo del código penal que tipifica el delito de piratería, puesto que eso exige «indefectiblemente que el buque o aeronave sea sustraída a la posesión de sus legítimos titulares o, al menos, que resulte inservible para el cometido que le era propio». Y como los seis somalíes no consiguieron hacerse con el barco, aparte de que el atunero no fue alcanzado ni dañado por los disparos que realizaron, el ataque se queda en mera tentativa.

Pero el Supremo no lo entiende así. Considera que el delito de piratería no requiere abordaje efectivo. Este puede cometerse de diversas formas y si una de ellas exigiría la destrucción, el daño o el apoderamiento de un buque, en una segunda bastaría «el atentado contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de aquellas embarcaciones».

Y en el caso del Izurdia está probado que los procesados hostigaron y atacaron al atunero: «Existió una acción violenta, gravemente intimidatoria contra las personas que integraban la tripulación del atunero, lo que impide hablar de tentativa de delito», reza la sentencia del Supremo.

Organización criminal

Otra pega que ponen los recurrentes a la sentencia de la Audiencia es que no está constatado que los acusados formasen parte de una organización criminal, cuestionando así como prueba las tarjetas SIM de los móviles intervenidos, en las que han quedado registradas diversas transferencias de dinero, conversaciones con los preparativos de la salida al mar y conexiones telefónicas con otros líderes en Harardhere. No obstante, el Supremo apunta que no puede cuestionar lo que ha quedado o no acreditado en la vista en la Audiencia y solo puede limitarse a los hechos probados. Y estos encajan perfectamente en la descripción de grupo criminal: «Agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas». El Supremo asume la argumentación de la Audiencia de que «carece de cualquier lógica, que las personas hoy acusadas, y sin otros medios que los que portaban fueran capaces por si solas de concluir el conjunto del operativo», como llevar el barco a tierra. Necesitaban de una organización. Esa por la que han sido condenados. 

Fuente: EFE


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